26 de agosto de 2009

Gambetear el corto plazo

Los analistas aseguran que el negocio del upstream es complejo, pero allí se pueden dar oportunidades para los que conocen profundamente las cuestiones técnicas. Son oportunidades chicas, pero de interés. “En contra juega la falta de una política nacional y de coherencia entre las provincias respecto del modelo legal a utilizar”, dicen.
Punto clave: el Estado no tiene capacidad económica financiera para hacerse cargo de la inversión, así que deberá necesariamente encauzar la dirección de la inversión de un modo más “realista”.
Los precios internos aumentan constantemente, lo que le quita competitividad a la economía subsidiada. Eso plantea restricciones de varios tipos en la economía y en el sector energético.
En la economía porque se desacelera. En el sector energético, porque sin esa brecha, con costos internacionales o sobre los internacionales, y en el marco de una política de precios fuertemente “dirigista” por parte del Estado, las oportunidades en el downstream son bajas. Los que están, se quedan y concentran posiciones y nadie invierte.
El modelo K es de obra pública de la provincia petrolera, Santa Cruz, trasladado al país, inusualmente “rico” en el corto plazo por las retenciones a las exportaciones.
En el downstream, confían los expertos, el Estado no tiene capacidad económico financiera para encauzar los programas de inversión que encaró, si no es con traslado de precios de la electricidad al mercado, lo que es complejo desde lo legal, pues acá o hay una empresa con activos y solvente para hacerse cargo del contrato, como lo ha hecho la UTE en Uruguay o Electrobrás en Brasil.
“El Estado sin cash para subsidios y obras, deberá transparentar el precio y las tarifas, con el consiguiente impacto en los usuarios residenciales y de algún modo garantizar las inversiones que ha encarado”, explican.
Respecto de los cargos específicos para obras, ya quedó claro que son complejos y de difícil administración (por la falta de transparencia), lo que hará que en la medida que se debilite el poder político, las empresas menos los acepten como moneda de pago y en la medida que el Estado se quede sin caja, más inseguro será el destino específico que inicialmente tiene.
En definitiva todo gira alrededor de lo mismo: la muñeca política que tenga el Estado para gambetear el corto plazo y reinventar un modelo sustentable.

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