Por Raúl García (RG Consultores)
La ecuación que ha guiado el financiamiento de los gastos de operación y de las inversiones en los servicios públicos es bastante simple de entender: si el gasto supera los ingresos por tarifa, la diferencia se cubre con subsidios. Con tarifas prácticamente congeladas en algunos segmentos o subiendo mucho menos rápido que la inflación se incentivaba un mayor consumo que luego se transformó en demanda insatisfecha, y ¿por qué?.
La razón es que esos precios y tarifas que alentaban el consumo no pagaban el riesgo de invertir para incorporar más reservas de gas y sostener un crecimiento continuo de la producción. Resultado, pasamos a importar volúmenes crecientes de gas. Pruebas al canto. Las reservas durante la presente década han venido cayendo sostenidamente, es decir, se consumen pero no se reponen. En menos de 8 años nos podríamos quedar sin gas. Lentamente el Gobierno fue dando señales de mayor precio reconociendo que el gas que debe extraerse es más caro. Aún así, el gas que se produce y vende en Argentina es mucho más barato que el gas importado desde Bolivia o licuefaccionado. Y la señal del gas cada vez más caro no va a todos los usuarios que lo consumen. De hecho las tarifas que pagan algunos usuarios residenciales ni siquiera cubren el costo del gas. Arbitrariamente, se dispone cuanto se recupera por el gas en cada tarifa, pero nada tiene que ver con el costo de disponerlo para el mercado.
Los ajustes en las tarifas para recuperar los costos de prestar el servicio en los segmentos de transporte y distribución, los otros dos componentes que forman parte de la tarifa del gas antes de impuestos, han tenido lugar para solamente una empresa de distribución, sobre un total de 11 incluyendo las de transporte. Ese ajuste estuvo en el orden del 60%. La inflación desde el 2001 estuvo en el orden del 225% promedio. Y desde fines de 1997 a la fecha no se ha finalizado revisión tarifaria alguna, ni las que estaban programadas quinquenalmente en la ley 24.076, ni la revisión tarifaria integral que surge de los Acuerdos de Renegociación.
Hoy la discusión tarifaria está fuera de foco lamentablemente y lo seguirá estando en la medida que las tarifas y precios que la componen no ocupen el papel que les corresponde, esto es, hacer que las decisiones de los agentes se reflejen en una buena asignación de los recursos en la economía. Hay por cierto restricciones al diseño de las tarifas para cada categoría de usuarios, y por ello aparece necesario discutir el alcance y mecanismo de implementación de una tarifa social para los más necesitados. Pero las tarifas no pueden dejar de recuperar los costos del servicio para quien prudentemente ejerce esa tarea. Esto lo encontramos en cualquier marco regulatorio.
Hoy, toda la clase política debe poner la mira en toda la temática tarifaria y no meramente en la justicia/injusticia de este último aumento suspendido. Quedan muchos ajustes que hacer en las tarifas, y son inevitables, y es preciso que se vayan haciendo ya. Acumular los aumentos por el mero paso del tiempo solo agrega más incertidumbre a los usuarios, a los inversores y deteriora la calidad institucional del país comprometiendo la futura gestión de gobierno. Los efectos del ajuste a medias serán negativo sobre la calidad y oferta del servicio. No deben demorarse los ajustes de precios y tarifas y su revisión, es responsabilidad de este Gobierno y también de la oposición.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario